Edición 217 - Perspectivas y retos del nuevo gobierno en Colombia 2026
Seguridad estratégica para la continuidad empresarial en Colombia
Por: Carlos Andrés Díaz Sánchez, gerente general de Alliance Risk & Protection.
La seguridad dejó de ser un asunto operativo aislado: hoy es una condición para anticipar riesgos y sostener el negocio.
Colombia enfrenta una transición política en medio de presión fiscal, cambios regulatorios y un entorno de seguridad que afecta directamente la operación empresarial. Esperar a que el Estado resuelva por sí solo estas amenazas puede dejar a las organizaciones expuestas. La continuidad del negocio exige decisiones propias, información oportuna y una estrategia capaz de anticipar escenarios antes de que se conviertan en crisis.
El riesgo dejó de ser periférico. En 2025 se reportaron 698 víctimas de secuestro y 1.391 hechos de terrorismo, cifras que evidencian la capacidad de adaptación de las estructuras criminales. Además, un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo y Fedesarrollo estimó que el crimen y la violencia representaron para Colombia un costo equivalente al 3,6 % del PIB en 2022. Esta afectación no se limita a pérdidas materiales: también interrumpe cadenas logísticas, eleva costos, deteriora la confianza y condiciona decisiones de inversión.
La exposición se concentra precisamente donde existe mayor actividad económica. De acuerdo con el Dane, Bogotá, Antioquia y Valle del Cauca reunieron cerca de la mitad del PIB nacional en 2025. Son territorios esenciales para la producción, el comercio, la logística y los servicios, pero también escenarios en los que una interrupción puede generar efectos amplificados sobre proveedores, colaboradores, clientes y reputación corporativa.
Por eso, la seguridad privada debe superar el enfoque de vigilancia aislada. Gestionar estratégicamente el riesgo implica integrar talento humano, inteligencia operativa, tecnología, análisis de información y protocolos diferenciados según la criticidad de cada proceso. No se trata de instalar más cámaras o aumentar puestos de seguridad sin diagnóstico, sino de identificar vulnerabilidades, priorizar controles y medir resultados.
El mercado también enfrenta presiones estructurales. La Ley 2101 de 2021 estableció la reducción gradual de la jornada laboral hasta 42 horas semanales, sin disminuir el salario. Este cambio, junto con los recargos laborales, la capacitación, la dotación y las exigencias tecnológicas, impacta la estructura de costos del servicio. En este contexto, comparar proveedores únicamente por tarifa puede conducir a decisiones que comprometan la capacidad de respuesta.
La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada registró 955 prestadores de servicios y unos ingresos sectoriales superiores a 21 billones de pesos en 2024. En un mercado amplio, la diferencia no siempre aparece en la propuesta comercial. Se evidencia en la supervisión, la estabilidad del personal, la gestión de la información, el respaldo tecnológico y la capacidad de actuar frente a situaciones críticas.
Alliance Risk & Protection entiende la seguridad como una condición para la continuidad empresarial. Su modelo de Gestión Estratégica del Riesgo parte del análisis de la operación y articula seguridad física, tecnología e inteligencia para tomar decisiones más precisas. La pregunta ya no es cuánto cuesta vigilar, sino qué capacidad está construyendo la organización para anticipar, responder y seguir operando.
En un entorno incierto, anticiparse no significa predecir cada amenaza, sino construir una operación preparada para reconocer señales, escalar alertas y responder con criterio. Esa capacidad protege ingresos, fortalece la confianza de los grupos de interés y convierte la seguridad en una ventaja competitiva.
Fuentes:
1. Policía Nacional de Colombia. Delitos, Convivencia y Seguridad Ciudadana: registros oficiales de 2025. Consultar fuente. Fuente base de los registros de secuestro y terrorismo.
2. Revista Semana. “La inseguridad le está costando caro a la economía colombiana”, 22 de abril de 2026. Consultar fuente. Publica los totales de 698 víctimas de secuestro y 1.391 hechos de terrorismo en 2025, con referencia a registros oficiales.
3. Pérez-Vincent, S. M. y otros. Los costos del crimen y la violencia: ampliación y actualización de las estimaciones para América Latina y el Caribe. BID y Fedesarrollo, 2024. Consultar fuente. Sustenta la estimación del costo del crimen y la violencia equivalente al 3,6 % del PIB de Colombia en 2022.
4. DANE. Cuentas nacionales departamentales: PIB por departamento, información 2025 preliminar. Consultar fuente. Sustenta que Bogotá, Antioquia y Valle del Cauca concentraron cerca de la mitad del PIB nacional.
5. SUIN-Juriscol. Ley 2101 de 2021. Consultar fuente. Establece la reducción gradual de la jornada máxima laboral a 42 horas semanales, sin reducción salarial.
6. Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. Indicadores financieros del sector de vigilancia y seguridad privada 2024. Consultar fuente. Registra 955 prestadores de servicios e ingresos sectoriales por COP 21,097 billones en 2024.
Julio 2026