Edición 162- Agenda Tributaria 2021          


Las negociaciones de la OCDE y la controversia internacional sobre el Impuesto a los Servicios Digitales

Por Olga Lucía Salamanca, socia, política y defensa comercial de Araújo Ibarra


No hay duda de que la economía digital ha ganado cada vez más importancia dentro de la economía global especialmente en 2020, como resultado de las medidas para controlar el covid-19 y que generaron profundos cambios en el comportamiento de los consumidores.

Esta tendencia se ha trasladado al terreno de la tributación internacional, ya que en los últimos años muchos gobiernos, especialmente en Europa, han manifestado su preocupación por los beneficios que obtienen las compañías multinacionales mediante el uso de datos y la contribución de sus usuarios dentro del territorio de la UE, pero que tributan en otras jurisdicciones especialmente en países declarados como paraísos fiscales. Para enfrentar esta práctica, algunos gobiernos sostienen que es fundamental aplicar impuestos sobre las utilidades de las compañías multinacionales, en la jurisdicción donde se encuentran sus usuarios y no en la jurisdicción donde reclaman su residencia.

Estas iniciativas apuntan principalmente a compañías norteamericanas como Amazon, Facebook, Google y Apple y se denominan “impuestos a los servicios digitales” (DST, por sus siglas en inglés), pero comúnmente se conocen como la “tasa google”. Para abordar este delicado tema, se han buscado escenarios como el de la OCDE en el que más de 130 países están negociando alternativas que permitan actualizar el sistema tributario global y desarrollar un marco fiscal internacional para la economía digital. Inicialmente se esperaba que estas negociaciones concluyeran en 2020, pero debido a la falta de consenso y la propagación de la pandemia, dicho plazo se extendió hasta el primer semestre de 2021.

Sin embargo, el 24 de julio de 2019 Francia adoptó medidas unilaterales y promulgó formalmente un DST que consiste en un gravamen del 3% sobre los ingresos brutos derivados de dos actividades digitales de las que considera que los “usuarios” franceses, juegan un papel importante en la creación de valor:

  • Intermediario servicios
  • Servicios de publicidad basados en los datos de los usuarios.

Este gravamen aplica para empresas multinacionales digitales, con una facturación global mínima anual de € 750 millones.

Por considerar que esta tasa discrimina a las principales empresas digitales estadounidenses y es inconsistente con la política fiscal internacional vigente, el gobierno de los EE.UU. a través del USTR inició una investigación contra Francia, en el marco de la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974   y en julio de 2020, anunció que adoptaría represalias mediante la aplicación de aranceles adicionales del 25% a cerca de USD$ 1.3 billones en importaciones originarias de Francia. Sin embargo, la aplicación efectiva de esta medida se postergó por 180 días.

A la iniciativa francesa, se han venido sumando países como Austria, India, Indonesia, Italia, España, Turquía, Reino Unido, Brasil y República Checa, frente a las cuáles, Estados Unidos ha abierto nuevas investigaciones invocando la sección 301. Pero más allá de las medidas de retaliación, se ha abierto la discusión sobre si estos impuestos son discriminatorios y afectan el comercio estadounidense, así como si deben aplicarse retroactivamente. Existen también interrogantes sobre su compatibilidad con las reglas de la OMC, en particular con el Acuerdo General sobre Comercio de Servicios.

Por el momento, se espera que la nueva administración del presidente Biden a través de su Secretaria del Tesoro, Janet Yellen retome las conversaciones en la OCDE y brinde directrices claras sobre la posición de EE.UU. en este debate, que sin duda generará referentes muy importantes para el futuro de los negocios digitales.

La regulación de lo servicios digitales es una necesidad que está pidiendo el mundo moderno, acelerado por la pandemia a nivel global. Estas requieren unas acciones en diferentes frentes que permitan brindar seguridad y equidad, un reto para el nuevo mandatario de Estados Unidos.

Febrero 2021

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