El encuentro se produjo un día después de que Araújo presentara sus cartas credenciales al presidente Donald Trump, con lo que quedó formalmente acreditada como embajadora. En esa oportunidad, la diplomática señaló que su misión buscará poner la cooperación bilateral al servicio de la seguridad, la estabilidad y la prosperidad, además de apoyar la recuperación económica, el comercio y la inversión.

Durante la reunión, Araújo calificó a Moreno como un aliado de Colombia y señaló que el propósito de su gestión será convertir el ambiente favorable entre los dos gobiernos en resultados concretos para los colombianos, especialmente en legalidad, seguridad, fortalecimiento de las instituciones y mejores condiciones de prosperidad. Moreno, por su parte, expresó una visión positiva sobre la nueva etapa de la relación y destacó el papel que tendrá la Embajada en Washington.

La agenda de Araújo incluye también contactos con la administración estadounidense. Esta semana sostuvo una reunión con F. Cartwright Weiland, funcionario del Departamento de Estado para asuntos de narcóticos y aplicación de la ley, en la que se abordaron seguridad, cooperación y lucha contra el narcotráfico. Hasta ahora, de estos encuentros no se han anunciado nuevos acuerdos específicos, pero sí una continuidad de conversaciones técnicas y políticas entre ambos gobiernos.

La importancia de estas reuniones está en ampliar la relación más allá del Ejecutivo estadounidense. El Congreso tiene un papel relevante en asuntos como cooperación, seguridad, comercio y recursos para Colombia, por lo que construir interlocución con legisladores de ambos partidos será una parte central de la agenda diplomática en Washington.

La Embajada prevé continuar los contactos con congresistas y funcionarios de la administración para identificar proyectos y mecanismos que permitan traducir las prioridades compartidas en resultados verificables. El reto será pasar de un ambiente político favorable a avances concretos en seguridad, inversión, comercio y cooperación institucional.

DIPLOMACIA

Trump evalúa reunirse con Delcy Rodríguez durante la Asamblea General de la ONU

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, evalúa reunirse la próxima semana en Nueva York con la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, al margen de la Asamblea General de Naciones Unidas. La posibilidad fue reportada por Axios y todavía no ha sido confirmada formalmente por la Casa Blanca. Trump ya había señalado el 13 de septiembre que un encuentro podría producirse próximamente.

De concretarse, sería el primer encuentro presencial entre Trump y Rodríguez y un nuevo paso en el acercamiento bilateral iniciado después de la captura de Nicolás Maduro en enero. Estados Unidos y Venezuela acordaron restablecer formalmente sus relaciones diplomáticas y consulares el 5 de marzo, después de siete años de ruptura. Washington señaló entonces que la reanudación buscaba apoyar la estabilidad, la recuperación económica y un proceso hacia un gobierno democráticamente elegido; Caracas habló de una nueva etapa de diálogo y cooperación basada en el respeto mutuo.

La eventual reunión tendría lugar en un momento de creciente cooperación. El Gobierno estadounidense ha reconocido avances de las autoridades interinas venezolanas en materia de seguridad y lucha contra el narcotráfico, y esta semana retiró a Venezuela de la categoría de países considerados por Washington como incumplidores de sus compromisos antidrogas, aunque el país continúa identificado como una importante zona de tránsito o producción.

El sector energético se ha convertido también en uno de los principales ejes de la nueva relación. En agosto se anunció un proyecto petrolero de largo plazo que contempla el desarrollo de 17 campos venezolanos durante 25 años, mientras compañías estadounidenses y europeas han anunciado nuevas inversiones y acuerdos para ampliar producción e infraestructura. El proceso abre oportunidades para la recuperación de la industria venezolana y para el abastecimiento energético estadounidense, aunque algunos especialistas han pedido mayor claridad sobre la estructura contractual y las garantías jurídicas de los nuevos acuerdos.

El acercamiento sigue teniendo, sin embargo, una dimensión política sensible. Sectores venezolanos y estadounidenses han planteado que una relación económica más estrecha debería avanzar acompañada de garantías institucionales y de una transición democrática. Para Washington, esto supone equilibrar objetivos de seguridad, energía y estabilidad regional con la evolución política interna de Venezuela.

Si finalmente se realiza, el encuentro tendría un significado principalmente diplomático: mostraría que la relación ha pasado en pocos meses de la ruptura y la confrontación a una interlocución directa entre los máximos niveles de ambos gobiernos. La atención estará en si la reunión produce nuevos compromisos sobre energía, seguridad, cooperación económica y, especialmente, sobre la hoja de ruta política venezolana.

DIPLOMACIA

Trump y Xi se reúnen en Washington con una agenda económica y estratégica

El frente comercial será probablemente el más inmediato. La tregua arancelaria acordada por ambos gobiernos vence el 10 de noviembre y permitió contener una escalada en la que las tarifas recíprocas habían superado el 100%. El representante comercial estadounidense, Jamieson Greer, anticipó anuncios sobre productos agrícolas y barreras no arancelarias, mientras continúan las conversaciones para una reducción recíproca de aranceles sobre cerca de US$30.000 millones en bienes. Paralelamente, Washington y Beijing avanzan en el nuevo U.S.-China Board of Trade, concebido para administrar intercambios de productos considerados no sensibles.

También están sobre la mesa posibles compras chinas de productos agrícolas y aeronaves estadounidenses. Tras el encuentro de mayo, Beijing anunció la intención de adquirir 200 aviones Boeing adicionales, mientras Washington busca mayor acceso a tierras raras y minerales críticos chinos. China, por su parte, pretende que Estados Unidos modere algunas restricciones que dificultan el acceso de empresas chinas a tecnologías avanzadas. Estos asuntos muestran hasta qué punto comercio, tecnología y seguridad económica se han convertido en partes de una misma negociación.

Taiwán seguirá siendo uno de los puntos más sensibles. Beijing busca que Washington vaya más allá de su tradicional posición de “no apoyar” la independencia de Taiwán y manifieste una oposición explícita. Estados Unidos mantiene relaciones no oficiales con Taipéi y continúa siendo su principal proveedor de armamento. Cualquier modificación de lenguaje o de política será seguida especialmente de cerca por Taiwán, el Congreso estadounidense y los aliados de Washington en Asia.

La guerra con Irán añade una nueva dimensión a la relación. China es el principal comprador del petróleo iraní y mantiene importantes vínculos económicos con Teherán. Washington busca discutir el papel que Beijing podría desempeñar frente al conflicto y sus relaciones financieras con Irán. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, tiene previsto abordar previamente este asunto con el viceprimer ministro chino He Lifeng.

La inteligencia artificial también tendrá espacio en la conversación. Ambos países compiten por liderazgo en semiconductores, capacidad de cómputo y modelos avanzados, pero expertos estadounidenses y chinos han planteado áreas limitadas de cooperación para reducir riesgos asociados con sistemas autónomos y usos militares. Por ahora, esas propuestas no constituyen acuerdos gubernamentales y la competencia tecnológica sigue limitando el margen para avances amplios.

Finalmente, Washington mantendrá en la agenda el control de los precursores químicos utilizados para producir fentanilo. La administración estadounidense viene reclamando mayores acciones de Beijing, mientras el director del FBI, Kash Patel, ha señalado que ambas partes han establecido un nuevo mecanismo de cooperación policial sobre este tema.

La relevancia del encuentro estará menos en resolver de una vez las diferencias estructurales entre ambos países y más en determinar si pueden mantenerlas dentro de un marco manejable. Los indicadores más concretos serán una eventual extensión de la tregua arancelaria, avances en agricultura y compras comerciales, mayor previsibilidad en el suministro de minerales críticos y cualquier señal sobre restricciones tecnológicas o Taiwán. En una relación donde economía y seguridad están cada vez más entrelazadas, la reunión ofrecerá una nueva medida del grado de estabilidad que Washington y Beijing están dispuestos a construir

POLÍTICA

El mapa de los midterms se mueve a favor de los demócratas, pero el Senado sigue abierto

El más reciente modelo electoral de The Economist muestra un cambio importante en la carrera por el Congreso de Estados Unidos. Según su análisis, los demócratas tendrían actualmente una probabilidad de 92% de recuperar la Cámara de Representantes y de 59% de obtener el control del Senado, frente a 77% y 45%, respectivamente, en julio. Se trata de una proyección estadística y no de una predicción definitiva: faltan varias semanas para las elecciones del 3 de noviembre y, especialmente en el Senado, el resultado continúa siendo competitivo.

El deterioro para los republicanos coincide con una creciente preocupación de los votantes por el costo de vida y los precios de la energía. Una encuesta Reuters/Ipsos publicada esta semana mostró una ventaja demócrata de 44% frente a 37% en la intención genérica de voto al Congreso, la más amplia desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca. El mismo sondeo encontró que la percepción económica se ha vuelto menos favorable para los republicanos, en un contexto marcado por elevados precios de combustible y mayores costos para los hogares.

The Economist identifica precisamente el aumento de los precios de la gasolina como una de las explicaciones más probables del movimiento reciente. Su análisis encuentra una relación estrecha entre el comportamiento del precio en las estaciones de servicio y la ventaja demócrata en el voto genérico. La relación no demuestra por sí sola causalidad, pero es consistente con un patrón conocido en la política estadounidense: los electores suelen trasladar parte de su percepción sobre precios, inflación y poder adquisitivo al partido que controla la Casa Blanca.

La Cámara parece hoy el terreno más favorable para los demócratas. El Senado es considerablemente más complejo: necesitan una ganancia neta de cuatro escaños y buena parte de las contiendas competitivas se disputa en estados que Trump ganó en 2024. Reuters identifica nueve elecciones senatoriales particularmente competitivas, lo que deja un número reducido de estados con capacidad de decidir el control de la cámara.

El impacto político sería significativo. Si los demócratas recuperan una o ambas cámaras, la segunda mitad del mandato de Trump tendría un Congreso con mayor capacidad para frenar o modificar partes de su agenda legislativa, controlar el presupuesto y ejercer supervisión sobre la administración. Si los republicanos conservan el Senado, incluso perdiendo la Cámara, mantendrían una herramienta particularmente importante por su papel en la confirmación de jueces y altos funcionarios.

Por ahora, la principal señal no es que el resultado esté definido, sino que la economía doméstica vuelve a ocupar el centro de la elección. Mientras los precios de la gasolina y el costo de vida sigan elevados, los republicanos deberán disputar una campaña en la que la percepción económica pesa cada vez más; para los demócratas, el desafío será convertir esa ventaja en participación efectiva en los estados y distritos que decidirán el Congreso.

POLÍTICA

Comienza la votación anticipada para las elecciones de medio término

La votación presencial anticipada para las elecciones de medio término comenzó este viernes, marcando el inicio de las últimas seis semanas de una campaña que definirá la composición de la Cámara de Representantes y el Senado de Estados Unidos. Virginia abrió esta etapa del proceso electoral, mientras en otros estados también comenzaron distintas modalidades de votación anticipada, de cara a las elecciones generales previstas para el 3 de noviembre.

Los comicios se desarrollan mientras los republicanos mantienen el control de ambas cámaras del Congreso y los demócratas buscan modificar esa composición para los dos últimos años del actual mandato del presidente Donald Trump. Además de las elecciones legislativas federales, numerosos estados celebrarán contiendas para gobernaciones y legislaturas locales, en una jornada marcada por asuntos como el costo de vida, la guerra en Irán, la inmigración y el debate sobre la inteligencia artificial.

El inicio de la votación también ocurre después de una serie de procesos de redistribución de distritos electorales realizados a mitad de década. El movimiento comenzó en Texas, donde la legislatura controlada por los republicanos modificó su mapa congresional después de que Trump solicitara cambios que beneficiaran electoralmente a su partido, mientras California y otros estados adoptaron posteriormente sus propias modificaciones.

Paralelamente, la administración Trump ha impulsado diferentes medidas relacionadas con la administración electoral, entre ellas acciones judiciales sobre el voto por correo, solicitudes de información a los estados y esfuerzos federales para identificar posibles votantes no ciudadanos. Trump ha sostenido reiteradamente que existen problemas significativos relacionados con el voto de personas sin ciudadanía, mientras investigaciones citadas por Associated Press señalan que los casos comprobados de este tipo de votación son excepcionalmente poco frecuentes.

Una de las principales disputas llegó esta semana a la Corte Suprema de Estados Unidos (U.S. Supreme Court), que rechazó una solicitud de la administración para permitir la aplicación de nuevas restricciones relacionadas con el voto por correo antes de las elecciones de noviembre. La decisión mantuvo bloqueadas esas medidas para estos comicios, aunque el litigio sobre el alcance de las facultades federales en esta materia puede continuar posteriormente.

Tras ese fallo, el Servicio Postal de Estados Unidos (U.S. Postal Service, USPS) suspendió el desarrollo de un sistema informático vinculado con esas reglas. El director general del USPS, David Steiner, confirmó que el trabajo quedó detenido debido a las órdenes judiciales que mantienen bloqueadas las medidas.

El sistema formaba parte de una iniciativa presidencial que contemplaba la elaboración de listas estatales sobre ciudadanía y su incorporación a una plataforma electrónica administrada por el USPS. Bajo el esquema previsto, la información sería utilizada en el procesamiento de las papeletas enviadas por correo, mientras los estados también tendrían que adoptar nuevos requisitos para los sobres electorales. La administración Trump presentó las medidas como parte de sus esfuerzos para reforzar los controles sobre las elecciones federales.

Steiner señaló que su función se concentró en los aspectos operativos y no en definir la política electoral, y describió al Servicio Postal como una entidad independiente dentro del Poder Ejecutivo. El funcionario indicó que la plataforma estaba prevista para entrar en funcionamiento alrededor del 15 de septiembre y defendió el trabajo del equipo tecnológico del USPS, después de que un informe presentado por el senador demócrata Richard Blumenthal, a partir de información proporcionada por un denunciante, señalara presuntos problemas y errores en su desarrollo.

El Servicio Postal comunicó además a sus empleados que las nuevas reglas no serán aplicadas durante las elecciones federales de 2026 y que continuará utilizando sus procedimientos habituales para el correo electoral. Ante las preocupaciones por posibles retrasos postales, Steiner recomendó que quienes utilicen el voto por correo envíen sus papeletas al menos siete días antes de la fecha límite correspondiente.

En Virginia surgió además una controversia después de que un denunciante acusara a empleados federales de utilizar herramientas estatales de consulta de votantes para buscar posibles registros de personas sin ciudadanía. El fiscal general del estado, Jay Jones, señaló que esas actuaciones podrían haber vulnerado normas estatales y solicitó al Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (U.S. Department of Homeland Security, DHS) información sobre las actividades realizadas por funcionarios federales.

Pese a las disputas políticas y judiciales que rodean el proceso, autoridades electorales estatales han expresado confianza en la capacidad del sistema para administrar los comicios y verificar los resultados. Las elecciones del 3 de noviembre, en las que estarán en juego los 435 escaños de la Cámara de Representantes y 35 del Senado, determinarán la composición del Congreso para la segunda mitad del actual mandato presidencial.

SEGURIDAD

Estados Unidos trasladará drones MQ-9 de África al Comando Sur para operaciones antinarcóticos

Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos trasladarían aeronaves no tripuladas MQ-9 Reaper desde el Comando de Estados Unidos para África hacia el comando a cargo de Sudamérica, como parte de una serie de despliegues de equipo militar en la región, en momentos en que funcionarios estadounidenses resaltan las asociaciones militares para futuras operaciones antinarcóticos y antiterroristas. El número de aeronaves que serán transferidas no ha sido precisado, aunque una de las fuentes indicó que correspondería a la mayoría de las desplegadas en ese continente.

Los MQ-9 Reaper se emplean en tareas de inteligencia y vigilancia, además de ataques de precisión. Tres de las fuentes consultadas señalaron que el traslado responde a la previsión de operaciones en la región, incluidas posibles acciones en Ecuador, país que inició este año operaciones militares conjuntas con Estados Unidos contra organizaciones designadas como terroristas.

El movimiento se produce después de que, el año pasado, Estados Unidos desplegara en el Caribe una combinación de drones MQ-9, cazas F-35 y al menos una aeronave de ataque a tierra AC-130, en una campaña dirigida contra embarcaciones señaladas de transportar drogas, y en momentos en que funcionarios de la administración del presidente Donald Trump han expuesto públicamente planes para intensificar las operaciones terrestres junto con países aliados de Sudamérica.

Durante una conferencia realizada en Panamá en agosto, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, destacó las asociaciones militares de Estados Unidos con Ecuador, Honduras, Guatemala, Jamaica y Colombia, y afirmó que Colombia había solicitado sumar al Departamento de Guerra a la lucha contra el narcoterrorismo mediante operaciones militares conjuntas. A comienzos de septiembre, Colombia pidió a Estados Unidos apoyo con drones MQ-9A Reaper, radares y otros equipos para fortalecer la lucha contra el narcotráfico, y busca ampliar la cooperación militar y de inteligencia con Washington, según informó Reuters.

La redistribución de las aeronaves ocurre pese a la preocupación estadounidense por la actividad de grupos terroristas en África, donde mandos militares han advertido que organizaciones como ISIS y al-Shabaab ganaron fuerza a medida que disminuyó la presencia estadounidense durante los últimos años. Otra de las fuentes indicó que aún se debate enviar parte de los drones a Medio Oriente, después de que las fuerzas estadounidenses perdieran activos en el conflicto con Irán, entre ellos varios MQ-9.

El Pentágono estableció la defensa del territorio nacional y del hemisferio occidental como su prioridad principal en la Estrategia de Defensa Nacional publicada en enero. Las operaciones en Sudamérica y el Caribe se apoyan además en un concepto jurídico clasificado elaborado el año pasado por la Oficina de Asesoría Jurídica del Departamento de Justicia, según el cual el presidente cuenta con facultades para autorizar el uso de fuerza letal contra un rango amplio de cárteles.

COMERCIO

Sheinbaum reporta avances hacia un acuerdo comercial con Estados Unidos tras llamada con Trump

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró este viernes que las negociaciones comerciales con Estados Unidos continúan avanzando después de una llamada telefónica sostenida el miércoles con el presidente Donald Trump. La mandataria afirmó que ambos gobiernos alcanzaron algunos entendimientos durante la conversación, aunque evitó revelar su contenido mientras continúa la negociación. “Va avanzando bien la posibilidad de un acuerdo con nosotros, México-Estados Unidos”, señaló durante su conferencia de prensa.

Sheinbaum describió la conversación como “una muy buena llamada” y explicó que este tipo de contactos entre ambos mandatarios no siempre se hacen públicos debido a que forman parte del proceso de negociación. En el intercambio participaron también funcionarios mexicanos encargados de la relación bilateral y de las conversaciones económicas, mientras los dos gobiernos buscan resolver asuntos pendientes antes de una nueva ronda de negociaciones prevista para finales de septiembre.

Las conversaciones se desarrollan en paralelo con la revisión del Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá (USMCA), cuya continuidad ha sido respaldada por el Gobierno mexicano. Entre los asuntos discutidos durante las negociaciones recientes se encuentran los aranceles estadounidenses sobre acero, aluminio y automóviles mexicanos, así como las reglas de origen y las condiciones aplicables a productos fabricados en México con insumos procedentes de terceros países.

Washington también ha planteado la necesidad de fortalecer las cadenas productivas de América del Norte y reducir la presencia de determinados componentes provenientes de China en bienes que reciben beneficios comerciales bajo el USMCA. México, por su parte, ha buscado preservar el acceso preferencial al mercado estadounidense y reducir los gravámenes que permanecen sobre algunos de sus principales productos de exportación. Sheinbaum ha señalado previamente que su Gobierno busca mantener el acuerdo trilateral, pero sin asumir compromisos que considere perjudiciales para la economía mexicana o su soberanía.

La llamada entre Trump y Sheinbaum antecede a la próxima etapa de negociaciones entre ambos gobiernos, prevista para el 28 y 29 de septiembre en Washington. Los equipos comerciales buscarán avanzar en los asuntos que permanecen pendientes y definir los términos de un eventual acuerdo bilateral, mientras continúa de manera paralela el proceso más amplio de revisión del USMCA.

ECONOMÍA

Diésel en niveles récord eleva los costos de la cosecha en Estados Unidos

Los agricultores de Estados Unidos enfrentan un fuerte incremento en sus costos durante la temporada de cosecha debido al aumento del precio del diésel, combustible esencial para operar tractores, cosechadoras y camiones. El precio promedio nacional alcanzó esta semana un récord de US$6,29 por galón, 68% por encima de los US$3,74 registrados un año antes, según datos de la Administración de Información Energética de Estados Unidos (U.S. Energy Information Administration, EIA).

El aumento se produce en medio de restricciones en la oferta mundial de combustibles relacionadas con la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán y los ataques ucranianos contra refinerías rusas. Aunque los productores agrícolas pueden acceder a diésel para uso fuera de carretera exento de impuestos estatales y federales, el encarecimiento continúa afectando sus márgenes, en momentos en que las labores de cosecha requieren un uso intensivo de maquinaria.

El impacto varía por región y tipo de cultivo, pero algunos productores reportan aumentos significativos. En California, un agricultor consultado por Reuters señaló que sus costos de combustible aumentaron alrededor de 40%, mientras estimaciones de la Universidad de Purdue muestran que el gasto asociado al combustible agrícola aumentó aproximadamente US$11 por acre para el maíz y US$7 para la soya frente al año pasado.

El encarecimiento del diésel también afecta otras etapas de la cadena alimentaria, especialmente el transporte terrestre. David Ortega, economista de Michigan State University, explicó que una parte significativa de los alimentos en Estados Unidos se moviliza en camiones que utilizan este combustible, por lo que los mayores costos pueden trasladarse progresivamente a los precios finales, especialmente en productos que requieren transporte refrigerado como frutas, verduras, lácteos y carnes.

Las presiones ya se observan en algunas rutas de transporte. Las tarifas para movilizar manzanas y peras en vehículos refrigerados desde el valle de Yakima, en Washington, alcanzaron su nivel más alto en cuatro años, mientras que transportar productos agrícolas desde California cuesta entre 40% y 120% más que hace un año. En algunas ciudades de ese estado, el diésel ha superado los US$8 por galón, aumentando también las dificultades financieras para transportadores independientes.

Ante esta situación, el senador republicano Roger Marshall solicitó al Departamento de Agricultura de Estados Unidos (U.S. Department of Agriculture, USDA) evaluar mecanismos temporales de alivio para los productores durante la cosecha. La secretaria de Agricultura, Brooke Rollins, señaló que la administración prepara anuncios adicionales sobre el tema, mientras economistas advierten que, aunque el combustible representa solo una parte del costo final de los alimentos, la persistencia de precios elevados podría generar presiones adicionales sobre la inflación alimentaria en los próximos meses.

SALUD

Administración Trump ampliará a todo Estados Unidos el modelo de precios internacionales para medicamentos de Medicaid

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, planea anunciar este viernes que el modelo de precios de “nación más favorecida” para determinados medicamentos cubiertos por Medicaid se extenderá a los 50 estados, el Distrito de Columbia y Puerto Rico, según confirmó un funcionario de la Casa Blanca. La estrategia busca vincular los precios de algunos fármacos en Estados Unidos con los valores pagados en otros países desarrollados, en un mercado donde los medicamentos de prescripción pueden costar cerca de tres veces más que en economías comparables.

La ampliación se apoya en acuerdos que la administración comenzó a negociar el año pasado con 17 de las mayores farmacéuticas internacionales, entre ellas Pfizer, Eli Lilly y Novo Nordisk. Bajo esos compromisos, las compañías aceptaron ofrecer determinados medicamentos a precios comparables con los disponibles en otros países desarrollados, esquema que la Casa Blanca denomina “nación más favorecida”.

Medicaid, financiado conjuntamente por el Gobierno federal y los estados, ya obtiene descuentos significativos de las farmacéuticas bajo la legislación vigente, mientras la mayoría de sus beneficiarios —principalmente personas de bajos ingresos— enfrenta costos directos reducidos por sus medicamentos. La nueva iniciativa busca ampliar el uso de referencias internacionales dentro del programa para ciertos productos, aunque los detalles sobre qué medicamentos estarán incluidos deberán conocerse con el anuncio oficial.

La medida se suma a una nueva ronda de acuerdos sobre precios de medicamentos anunciada por la administración el mes pasado con farmacéuticas internacionales y compañías biotecnológicas de menor tamaño. Con la extensión nacional del modelo para Medicaid, la Casa Blanca continúa su estrategia para reducir la diferencia entre los precios estadounidenses y los registrados en otros mercados desarrollados.

SANCIONES

Departamento de Estado impone nuevas sanciones contra empresas mineras y estructuras militares cubanas

El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció nuevas sanciones contra ocho entidades y tres funcionarios cubanos vinculados con el sector del níquel y con actividades de investigación y desarrollo de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. La medida hace parte de la política de la administración del presidente Donald Trump hacia Cuba y amplía las restricciones estadounidenses sobre actores relacionados con los sectores militar y minero de la isla.

En el frente militar, las designaciones incluyen al Centro de Investigación y Desarrollo de Simuladores (SIMPRO), el Centro de Investigación y Desarrollo Naval (CIDNAV), el Centro de Investigación y Desarrollo de Armamento de Infantería (CIDAI) y el Centro de Investigación, Desarrollo y Producción Grito de Baire (GELCOM). Según el Departamento de Estado, estas entidades participan en actividades relacionadas con simuladores y entrenamiento militar, investigación naval, desarrollo y modernización de armamento de infantería, así como producción de equipos electrónicos y de comunicaciones.

La acción también alcanzó a tres integrantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias asociados con esas entidades: Joaquín Francisco Cancio Monteagudo, director general de SIMPRO; Dioglis Pedrera Argüello, director general de CIDNAV, y Julio Hurtado Betancourt, director general de CIDAI. Los tres fueron incorporados a la Lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas (SDN) administrada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro (Office of Foreign Assets Control, OFAC).

En paralelo, Washington amplió sus medidas sobre la industria cubana del níquel con la designación de la Empresa de Servicios Técnicos de Computación, Comunicaciones y Electrónica (SERCONI), la Empresa de Ingeniería y Proyectos del Níquel (CEPRONIQUEL), el Centro de Investigaciones del Níquel Capitán Alberto Fernández Montes de Oca (CEDINIQ) y Pinares S.A. El Departamento de Estado señaló que estas compañías participan en servicios técnicos, ingeniería, investigación y exploración vinculados con la actividad minera cubana, sector que Washington identifica como una fuente de ingresos para el Gobierno de Cuba.

Como resultado de las designaciones, los bienes e intereses en bienes de las personas y entidades sancionadas que se encuentren en Estados Unidos o bajo control de personas estadounidenses quedan bloqueados y deben ser reportados a OFAC. Las restricciones también se extienden a las compañías que sean propiedad, directa o indirectamente y en 50% o más, de una o varias personas bloqueadas, mientras que las transacciones de personas estadounidenses con los sancionados quedan prohibidas salvo que exista una autorización o exención aplicable.

El marco de sanciones también contempla riesgos para personas y entidades extranjeras que realicen determinadas operaciones con actores designados o participen en sectores de la economía cubana señalados por Washington, entre ellos defensa, minería, energía, servicios financieros y seguridad.

MIGRACIÓN

EE.UU. amplía el criterio de “carga pública” para ciertas solicitudes de residencia

Este 18 de septiembre entró en vigor en Estados Unidos una nueva norma del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) que amplía la información que los funcionarios de inmigración pueden considerar al decidir si una persona podría convertirse en “carga pública” y, por esa razón, ser inadmisible para obtener la residencia permanente o ingresar al país. La regla, publicada el 20 de julio, deroga el marco adoptado en 2022 y devuelve a los funcionarios mayor discrecionalidad para evaluar cada caso.

En términos sencillos, recibir una ayuda pública no significa automáticamente que se negará una green card. La ley exige una evaluación individual en la que se consideran, entre otros factores, la edad, la salud, la situación familiar, los ingresos y activos, la educación y las capacidades laborales. Lo que cambia es que ahora el funcionario también podrá tener en cuenta una gama más amplia de prestaciones sujetas a verificación de ingresos, incluidas ayudas no monetarias que la norma de 2022 excluía, como SNAP —cupones de alimentos—, Medicaid, CHIP y ciertos subsidios de vivienda.

Hay una precisión importante respecto de las familias. La norma no considera automáticamente como beneficio recibido por el padre o la madre la ayuda que recibe un hijo ciudadano estadounidense. DHS aclara expresamente que no atribuirá esos beneficios al solicitante. Sin embargo, puede considerar la situación financiera del hogar cuando el solicitante tiene la obligación legal de mantener a ese familiar y la necesidad de asistencia refleja sus ingresos o cuando esos beneficios constituyen una fuente de apoyo económico para el propio solicitante.

La figura de public charge existe desde el siglo XIX, pero su alcance ha cambiado con el tiempo. Desde 1999, la política federal se concentraba principalmente en ayudas monetarias para manutención y atención institucional de largo plazo. La primera administración Trump amplió el concepto en 2019; la administración Biden estableció en 2022 un criterio más limitado. La nueva regla no fija una lista cerrada de beneficios que produzcan una negativa, sino que recupera un análisis basado en la “totalidad de las circunstancias” de cada persona.

Tampoco afecta por igual a todos los inmigrantes. La ley mantiene excepciones para determinadas categorías, entre ellas refugiados, asilados y otros grupos protegidos por disposiciones humanitarias. DHS calcula que, en promedio, alrededor de 588.000 solicitudes anuales de ajuste de estatus dentro de Estados Unidos estarán sujetas a la revisión de carga pública; esta cifra no incluye a todas las personas que tramitan visas en consulados o buscan admisión en los puertos de entrada.

El impacto puede extenderse más allá de quienes solicitan residencia. En su análisis final, el propio DHS estima que aproximadamente 1,27 millones de personas podrían abandonar o evitar inscribirse en programas como Medicaid, CHIP, SNAP, WIC y asistencia federal de vivienda por temor a posibles consecuencias migratorias. Un análisis independiente de la Universidad George Washington calcula un efecto potencial mayor: hasta 3,7 millones de integrantes de hogares inmigrantes, con un impacto estimado de US$27.400 millones sobre las economías estatales y hasta 212.000 empleos. Son estimaciones basadas en metodologías distintas y no resultados ya ocurridos.

La norma ya enfrenta una disputa judicial. Una coalición de 22 estados y el Distrito de Columbia, encabezada por Nueva York, presentó una demanda para bloquearla, mientras varias ciudades iniciaron un proceso separado. Los demandantes sostienen que la amplitud de la discrecionalidad puede generar decisiones inconsistentes y provocar que familias legalmente elegibles abandonen beneficios públicos. DHS, en contraste, sostiene que la medida permite aplicar adecuadamente la ley y reforzar el principio de autosuficiencia establecido en la política migratoria estadounidense. La jueza federal Ronnie Abrams fijó una primera audiencia para el 9 de octubre.

Lo que sigue será especialmente importante: además del litigio, USCIS deberá emitir orientación y capacitación para explicar cómo deberán ponderarse en la práctica los distintos beneficios y circunstancias personales. Esa implementación determinará buena parte del alcance real de la nueva política y del grado de previsibilidad que tendrán los solicitantes.