editorial          


Competitividad de la economía digital

María Claudia Lacouture P.

Directora ejecutiva, Cámara de Comercio Colombo Americana (AmCham Colombia)

[email protected] @mclacouture


La mayoría los negocios tienen alguna experiencia en comercio electrónico y también los consumidores. Buena parte de estas experiencias son posibles como consecuencia de buenas prácticas o la irrupción de las plataformas digitales en ámbitos tan distintos como transporte, domicilios, hostelería o entretenimiento, un fenómeno que se acentuó durante la pandemia.

De acuerdo con datos de la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico, en 2021 se registraron ventas por $39,9 billones de pesos en línea, un aumento del 40,2% frente a 2020, volúmenes que dejan en evidencia su importancia para la economía.

Este crecimiento puede verse ralentizado si prospera la propuesta de incluir en la reforma tributaria el concepto de “Presencia Económica Significativa” por medio de la cual una empresa extranjera pagaría impuestos como si estuviera establecida de manera permanente en Colombia si obtiene ingresos brutos de 31.300 UVT, es decir 1.189 millones de pesos o más, por transacciones de bienes o servicios; o cuando utiliza un sitio web colombiano o un dominio colombiano (co); o cuando mantiene una interacción comercial con 300.000 o más usuarios colombianos.

La propuesta va en contravía de los esfuerzos por avanzar en Colombia en un proceso de transformación digital y porque el acceso a productos y servicios por esta vía facilita que más personas los puedan adquirir y que se tengan precios competitivos. Adicionalmente, constituye un palo en la rueda de la competitividad, pues aleja a Colombia del radar inversionista en la medida que aquí tendrán una carga tributaria mayor frente a otros países de la región.

También iría en contra de lo acordado por 137 países en 2021, incluido Colombia, de no establecer nuevos impuestos a servicios digitales.

Tal como lo hemos expresado en diversos escenarios públicos y en los encuentros con representantes del Gobierno y congresistas, se entienden las necesidades fiscales del país y el propósito de reducir brechas sociales, sin embargo, con iniciativas como esta no sólo se afecta al sector en específico, sino que se propicia un ambiente de incertidumbre sobre el crecimiento económico nacional, que ya afronta la inminencia de una recesión internacional con alta inflación.

Movilizar al año 39 billones de pesos no es poca cosa. Reducir estos ingresos significa también reducir empleos formales que necesita el sector tanto para poder innovar como para ajustarse a las actividades conexas al comercio electrónico.

Estamos convencidos que la mejor manera de combatir la pobreza es mediante la generación de puestos de trabajo que garanticen ingresos de manera sostenida a los hogares, además del aporte en IVA que ya varias de las plataformas aportan al sistema tributario producto de reformas anteriores.

Es importante que el Congreso, ahora que se avecina la discusión de la ponencia, tenga en cuenta estos elementos y otros que han expresado diversos sectores empresariales, para que analice las consecuencias de mantener esta propuesta.

Por el contrario, deben buscarse alternativas para el crecimiento empresarial formal, fortalecerlo, para que esté en capacidad de crear más y mejores empleos y proveer los estímulos para la capacitación del talento humano que las empresas necesitan según las nuevas necesidades de la economía.

Septiembre 2022