Por Mayra Alejandra Marroquín B., Oficial de Cumplimiento en TMF Group
Para implementar de forma efectiva los sistemas de prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva (LA/FT/FPADM), las empresas deben conocer las identidades de sus contrapartes. Sin embargo, las complejas estructuras jurídicas de las compañías de hoy hacen que este proceso sea difícil de llevar a cabo de forma rápida, eficiente y completa.
¿Qué es un beneficiario final? Son las personas naturales que poseen, controlan o se benefician – directa o indirectamente – de una compañía, en un 5% o más. Pueden ser uno o más individuos, pero nunca una persona jurídica. La importancia de los beneficiarios finales recae en la identificación de la persona natural de una entidad, ya que las estructuras jurídicas en su cadena de propiedad pueden ocultar o dificultar la identificación de los individuos para evadir los controles que les puedan aplicar.
Sin embargo, este artículo no busca enfocarse en la definición de beneficiario final, que ampliamente podemos encontrar en la normatividad colombiana, sino en recalcar la importancia de identificar esta figura en dos frentes para las compañías: sus contrapartes o terceros con los que se relacionan y los beneficiarios finales de la propia compañía.
Cada compañía, dentro de sus procesos de debida diligencia, debe identificar a los beneficiarios finales de sus contrapartes previo a formalizar la relación con ellas, con el fin obtener la información que le permita evidenciar posibles situaciones adversas que puedan exponerla ante riesgos reputacionales y legales. Dicha información deberá ser actualizada con base en los procedimientos internos de cada entidad, toda vez que el estado de las personas naturales puede cambiar con el paso del tiempo.
Pero no basta con que la empresa conozca únicamente a los beneficiarios finales de sus contrapartes. En los últimos años, Colombia ha trabajado activamente fortaleciendo sus políticas de transparencia, implementando diferentes sistemas de prevención dentro de los cuales se encuentra la creación del Registro Único de Beneficiarios Finales (RUB), cuya finalidad es contribuir en la lucha contra la corrupción, el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la evasión fiscal. En dicho registro, la compañía debe ingresar la información de sus propios beneficiarios finales, inclusive si la compañía determina que no cuenta con éstos, de igual forma debe realizar el registro del representante legal o persona natural que ostente la mayor autoridad en relación con las funciones de gestión o dirección de la persona jurídica. Por ello también la importancia del conocimiento de los beneficiarios finales de la propia compañía, puesto que, en caso de registrar información falsa, errónea, incompleta, desactualizada o fuera de los plazos establecidos por la Ley, se aplicarán las sanciones definidas en el Estatuto Tributario.
En conclusión, se puede decir que las compañías cada vez tienen mayor obligación de contar con la información de sus beneficiarios finales actualizada, pues no solamente será solicitada por entidades financieras o contrapartes previo y durante su relacionamiento, sino también por entidades gubernamentales con fines de transparencia.
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Junio 2022