María Claudia Lacouture P.
Directora ejecutiva, Cámara de Comercio Colombo Americana (AmCham Colombia)
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@mclacouture
Cumplimos un año de pandemia, un episodio histórico que nos cambió la vida, fortaleció nuestra resiliencia como sociedad, puso a prueba nuestra capacidad de innovación y adaptación; fortaleció la transformación digital, diversificó las posibilidades laborales y nos puso a reflexionar sobre nuestra responsabilidad y acciones para la preservación del medio ambiente. La ciencia también demostró su importancia vital para la sociedad: en tiempo récord obtuvo las vacunas para detener la propagación indiscriminada, aunque, seguiremos conviviendo con el coronavirus y sus mutaciones.
Las imágenes que vemos de la vacunación alimentan la esperanza y poco a poco y en las medidas de las posibilidades los países lograrán la inmunidad y comenzarán su recuperación, ojalá más pronto de lo que pensamos, y esperamos que la experiencia nos garantice la preservación de la salud y contribuya a consolidar el proceso de recuperación económica del país.
Por esto es necesario garantizar un acceso masivo a las vacunas. Se entiende que aún hay disponibilidad limitada de ellas y mientras tanto su adquisición y distribución debe estar centrada a nivel gubernamental. Pero a medida que avanzan los procesos de inmunización en el mundo se acerca la posibilidad de tener dosis suficientes y para ese momento es indispensable que el sector privado se pueda sumar a los esfuerzos del Gobierno Nacional, a través del Plan Nacional de Vacunación, para ampliar la cobertura por medio de programas gratuitos al interior de las empresas para sus trabajadores y familiares cercanos sin desconocer los principios de equidad social, sin privilegios y teniendo como premisa el sentido colectivo.
La propuesta que el sector privado ha hecho al Gobierno Nacional busca complementar las acciones, sumarse al desafío en la medida que se liberen dosis adicionales a las negociadas por el Ejecutivo para aumentar el alcance, sobre todo a los más necesitados. Es un gana-gana y una oportunidad para avanzar más rápido y para ello se necesita de un marco jurídico que dé las claridades que solicita el Ministerio de Salud y fije la hoja de ruta para que el sector privado se prepare con eficiencia.
Hay que garantizar que los grupos de mayor riesgo reciban la debida atención del Estado y eso incluye a las personas que no podrían pagarlas, familias numerosas de pocos recursos que viven en pequeños espacios, ciudadanos que viajan en los articulados de Transmilenio, trabajadores informales que deben llevar el sustento, o aquellos que no se pueden dar el lujo de hacer teletrabajo. Las vacunas que vayan al sector privado, por supuesto, no pueden mermar la capacidad al sector público.
Pero hay que ser diligentes. Tenemos que lograr procesos responsables y expeditos, aplicando las buenas prácticas y la experiencia de otros países, como Estados Unidos, que ha logrado facilitar, agilizar y evitar el exceso de celo para cumplir el objetivo.
Existe una buena disposición del sector privado para trabajar de forma mancomunada con el Estado, y hay que hacerlo, tener todo listo para el momento indicado, para cuando se tenga disponibilidad de vacunas por parte de las empresas productoras, sin barreras que limiten ser parte de la solución, para que el país vuelva a retomar la senda de crecimiento y propicie la equidad y la prosperidad de todos.